La Comisión de Justicia del Congreso ha dado luz verde este jueves a la proposición de ley de amnistía para la normalización política, social e institucional en Cataluña, impulsada por el Gobierno de coalición y pactada con los partidos independentistas Junts y ERC. La norma, que supone el cierre del procés y el fin de las causas judiciales contra los líderes del 1-O, ha contado con el rechazo frontal del PP, Vox y Ciudadanos, que la han tachado de “traición” y “humillación” al Estado de derecho.
La ley de amnistía, que ahora deberá pasar al Senado para su aprobación definitiva, establece la extinción de la responsabilidad penal, civil y administrativa de todas las personas que hayan sido investigadas, encausadas o condenadas por delitos relacionados con el proceso independentista catalán desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2021. Asimismo, prevé la anulación de las sentencias y la cancelación de los antecedentes penales, así como la devolución de las multas y las indemnizaciones impuestas.
La norma excluye de la medida de gracia “los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo, según la directiva europea de 2017”, y a su vez “hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”, que aluden al derecho a la vida y a la prohibición de la tortura, respectivamente. La diferencia es que, en esta última versión, se han eliminado las referencias al Código Penal español en el capítulo dedicado al terrorismo que no se puede amnistiar.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido el acuerdo alcanzado con las fuerzas independentistas como “un referente mundial” y “un ejemplo de diálogo, convivencia y reconciliación”. Bolaños ha afirmado que con esta ley “se cierra una etapa de enfrentamiento y conflicto”, una década de “fracaso colectivo en la que no ganó nadie y Cataluña quedó paralizada”. El ministro ha pedido a la oposición que “no se quede atrás” y que “se sume al cambio de época que se abre en España”.
Por su parte, los portavoces de Junts y ERC han celebrado la aprobación de la ley de amnistía como “un paso histórico” y “una victoria del pueblo catalán”. Ambos partidos han coincidido en que la norma “no es el final del camino, sino el principio de una nueva etapa” en la que se debe “abordar el conflicto político desde el respeto, el reconocimiento y el derecho a decidir”. Asimismo, han exigido al Gobierno que “cumpla su palabra” y que “no ponga trabas” a la aplicación de la ley.
En cambio, el PP, Vox y Ciudadanos han mostrado su total oposición a la ley de amnistía, que consideran “una rendición del Estado ante el separatismo” y “un insulto a las víctimas, a los jueces y a los españoles”. Los tres partidos han anunciado que recurrirán la norma ante el Tribunal Constitucional y que harán todo lo posible para derogarla si llegan al poder. El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “traicionar a España” y de “romper la igualdad entre los españoles”. Casado ha advertido de que la ley de amnistía “no va a traer la paz, sino más confrontación y más división”.
La ley de amnistía para Cataluña ha sido una de las principales demandas del independentismo desde que se produjo el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia. El Gobierno de Sánchez se comprometió a impulsar esta medida como parte del acuerdo de investidura con ERC y como condición para iniciar una mesa de diálogo con la Generalitat. La norma beneficiará a unas 3.000 personas, entre ellas el expresidente catalán Carles Puigdemont y los demás huidos de la justicia, así como los nueve líderes independentistas que cumplen condena por sedición y malversación.
La aprobación de la ley de amnistía supone un hito en la política española y abre una nueva etapa en las relaciones entre el Gobierno central y el catalán, que se espera que se reúnan próximamente en la mesa de diálogo. Sin embargo, también genera una fuerte controversia y polarización entre los partidos que defienden la unidad de España y los que apuestan por el derecho a la autodeterminación de Cataluña. El futuro de esta cuestión dependerá en gran medida de la voluntad política de ambas partes y de la respuesta de la sociedad catalana y española.