El Tribunal Supremo ha acordado este jueves abrir una causa penal al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, por un presunto delito de terrorismo en el marco del ‘caso Tsunami’, la plataforma que organizó las protestas violentas tras la sentencia del procés en octubre de 2019. La Sala de lo Penal ha aceptado la exposición razonada que le remitió el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que aprecia “pluralidad de indicios” de que Puigdemont participó en la dirección y coordinación de Tsunami Democràtic, junto con otros investigados.
El Supremo ha rechazado el criterio de la Fiscalía, que se opuso a la investigación de Puigdemont por terrorismo al considerar que los hechos no revisten la gravedad suficiente para ser calificados como tal y que la exposición razonada era “insuficiente”. Sin embargo, los magistrados han estimado que existen “elementos suficientes” para admitir a trámite la exposición razonada y que corresponde al Supremo, como tribunal competente para juzgar a Puigdemont por su condición de aforado como eurodiputado, “la instrucción, enjuiciamiento y, en su caso, fallo de la causa”.
La Sala de lo Penal ha designado como instructor de la causa al magistrado Pablo Llarena, que ya instruyó el ‘caso procés’ y que mantiene vigente la orden europea de detención y entrega contra Puigdemont por los delitos de sedición y malversación. El Supremo ha acordado también solicitar al Parlamento Europeo el suplicatorio para poder investigar y, en su caso, procesar al expresidente catalán por el delito de terrorismo, que conlleva penas de hasta 30 años de prisión.
El ‘caso Tsunami’ se inició en noviembre de 2019, tras las movilizaciones que se produjeron en Cataluña después de que el Supremo condenara a los líderes del procés por sedición y malversación. Entre las acciones que se atribuyen a Tsunami Democràtic se encuentran el bloqueo del aeropuerto de El Prat, el corte de la frontera con Francia, el asedio a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona y el intento de boicotear el partido de fútbol entre el Barcelona y el Real Madrid. Estas protestas derivaron en episodios de violencia, con quema de contenedores, lanzamiento de objetos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que se saldaron con más de 600 heridos y 200 detenidos.
El juez García-Castellón considera que estas acciones tenían como objetivo “subvertir el orden constitucional” y “alterar gravemente la paz pública”, mediante el uso de la violencia y la intimidación, lo que encaja en el concepto de terrorismo según la directiva europea de 2017. Además, el magistrado sostiene que existe una “organización criminal” detrás de Tsunami Democràtic, que contaba con una estructura jerárquica, una financiación ilícita, una estrategia de comunicación y una red de colaboradores.
Entre los integrantes de esta organización, el juez sitúa a Puigdemont, al que acusa de ser el “ideólogo” y el “motor” de Tsunami Democràtic, junto con otros investigados como el exconseller Toni Comín, el activista Jordi Puigneró, el empresario Oriol Soler y el informático Jaume Cabaní. Según el juez, Puigdemont participó en la creación, dirección y coordinación de la plataforma, a través de reuniones, llamadas y mensajes, y dio instrucciones para llevar a cabo las movilizaciones.
Puigdemont ha reaccionado a la decisión del Supremo a través de su cuenta de Twitter, donde ha calificado la causa de “esperpento” y de “nueva farsa judicial”. El expresidente ha negado tener relación alguna con Tsunami Democràtic y ha asegurado que se trata de una “acusación falsa” que busca “criminalizar el movimiento independentista”. Puigdemont ha afirmado que seguirá defendiendo su inmunidad como eurodiputado y que no se dejará “amedrentar” por el Estado español.
La apertura de la causa penal a Puigdemont por terrorismo supone un nuevo revés para el expresidente catalán, que se encuentra huido de la justicia española desde 2017 y que reside en Bélgica. Puigdemont ya está procesado por el Supremo por los delitos de sedición y malversación, por los que se enfrenta a una pena de 13 años de prisión, y tiene pendiente la resolución de la euroorden que solicitó el juez Llarena. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene que pronunciarse sobre la validez de su inmunidad como eurodiputado, que podría ser levantada si el Parlamento Europeo concede el suplicatorio.
La causa por terrorismo también puede tener consecuencias políticas, tanto en Cataluña como en España. Por un lado, puede afectar al clima de diálogo entre el Gobierno central y el catalán, que se espera que se reúnan próximamente en la mesa de negociación. Por otro lado, puede influir en la posición de los partidos independentistas respecto a los Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno necesita aprobar para garantizar la estabilidad de la legislatura.